Revista Científica Multidisciplinaria Arbitrada YACHASUN. Volumen 9, Número 17 (Ed. jul – dic. 2025) ISSN: 2697-3456  
Derechos laborales de los servidores de la función legislativa en torno a la figura constitucional de disolución de la Asamblea  
Nacional.  
DOI: https://doi.org/10.46296/yc.v9i17.0786  
DERECHOS LABORALES DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN  
LEGISLATIVA EN TORNO A LA FIGURA CONSTITUCIONAL DE  
DISOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL  
LABOR RIGHTS OF EMPLOYEES OF THE LEGISLATIVE BRANCH IN  
RELATION TO THE CONSTITUTIONAL FIGURE OF DISSOLUTION OF THE  
NATIONAL ASSEMBLY  
1
2
Gellibert-Villao Karla Mónica ; Reyes-Tomalá Brenda Amparito  
1
Universidad Estatal Península de Santa Elena. Santa Elena, Ecuador.  
Correo: kgelibert3819@upse.edu.ec. ORCID ID: https://orcid.org/0009-0008-9659-9893  
2
Universidad Estatal Península de Santa Elena. Santa Elena, Ecuador.  
Correo: breyes@upse.edu.ec. ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6815-8507  
Resumen  
La muerte cruzada, aplicada por primera vez en 2023, produjo efectos políticos y jurídicos  
relevantes, entre ellos el impacto en los derechos laborales de los servidores de la Asamblea  
Nacional. Según Vargas y Jaramillo (2024), la medida se ejecutó en un contexto de inestabilidad  
institucional, vacíos normativos e incertidumbre jurídica, lo que afectó la continuidad  
administrativa del órgano legislativo. Aunque la disolución recae sobre las funciones de  
representación política, la investigación evidencia que la falta de claridad normativa y el  
debilitamiento a la seguridad jurídica, generaron riesgos para la estabilidad laboral del personal  
legislativo, especialmente en escenarios de reestructuración o suspensión de actividades.  
Durante el período de transición, la centralización temporal de decisiones en el Ejecutivo y la  
ausencia de control parlamentario incidieron en la planificación institucional, aumentando la  
vulnerabilidad de los servidores frente a eventuales desvinculaciones o cambios administrativos.  
El análisis concluye que se requiere regulación específica para proteger sus derechos.  
Palabras claves: derechos, política, asamblea nacional.  
Abstract  
The muerte cruzada, applied for the first time in 2023, generated significant political and legal  
effects, including its impact on the labor rights of National Assembly staff. According to Vargas  
and Jaramillo (2024), the measure was executed in a context of institutional instability, normative  
gaps, and legal uncertainty, which affected the administrative continuity of the legislative body.  
Although the dissolution applies to political representation functions, the study shows that the lack  
of clear regulations and the weakening of the principle of legality created risks for the employment  
stability of legislative personnel, especially in scenarios of restructuring or suspension of activities.  
During the transition period, the temporary centralization of decision-making in the Executive and  
the absence of parliamentary oversight influenced institutional planning, increasing the  
vulnerability of staff to potential dismissals or administrative changes. The analysis concludes that  
specific regulation is needed to protect their labor rights.  
Keywords: rights, politics, national assembly.  
Información del manuscrito:  
Fecha de recepción: 09 de septiembre de 2025.  
Fecha de aceptación: 21 de noviembre de 2025.  
Fecha de publicación: 17 de diciembre de 2025.  
1861  
Gellibert-Villao et al. (2025)  
cualquier acto proveniente de los  
diferentes poderes o funciones  
públicas, debe ser dictado en estricta  
sujeción al ordenamiento jurídico  
nacional con la Constitución de la  
República a la cabeza y debe estar  
enmarcado en las atribuciones y  
competencias asignadas a cada  
entidad (pág. 8- 9).  
1
. Introducción  
Desde el inicio de la vida republicana  
del Ecuador en 1830, se pone de  
manifiesto un patrón de conflicto  
interno  
e
inestabilidad política,  
mismo que en pleno siglo XXI  
continúa perpetuando la falta de  
institucionalidad  
estatal,  
las  
tensiones entre los poderes del  
Estado y la falta de una consistente,  
armónica y solvente gobernabilidad  
que logre dar sostenibilidad política,  
social y económica a un país que  
Este mandato constitucional, es el  
principal valor al que deben tributar  
las acciones de la legislatura, sin  
embargo, es menester abordar el  
análisis de, la dinámica y pluralidad  
que distingue a esta función del  
alcanza  
hoy  
por  
hoy  
aproximadamente catorce millones  
de habitantes. El reto de gobernar  
bajo una estructura sólida entre las  
funciones del Estado se caotiza ante  
un escenario legislativo, que se  
constituye en una función altamente  
determinante sobre la que pesa la  
responsabilidad de otorgar un  
estado, pues sus deberes  
y
atribuciones recaen en la diversidad  
de bancadas de partidos políticos  
que ganan espacio a partir de la  
voluntad popular que acude a las  
urnas aspirando se afiance la  
democracia a través del voto. No es  
indiferente a este estudio la crisis  
partidista que en las últimas dos  
décadas se ha puesto de manifiesto,  
en el antes denominado Congreso  
Nacional y en la hoy llamada  
andamiaje  
de  
normas  
que  
efectivicen la denominada seguridad  
jurídica, en este sentido (Loor, 2010)  
señala la sentencia No. 081-17-SEP-  
CC, en el caso No 1598-11-EP, en la  
Asamblea  
quehacer legislativo vinculado a  
ideales políticos planes de  
desarrollo ha ido disminuyendo en el  
Ecuador pasando ser de  
representación partidista poco o  
Nacional,  
pues  
el  
que  
la  
Corte  
Constitucional  
contempla:  
a
La Constitución de la República, en  
su artículo 82 consagra a la  
seguridad jurídica como un derecho  
constitucional, de tal forma que,  
a
1862  
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Derechos laborales de los servidores de la función legislativa en torno a la figura constitucional de disolución de la Asamblea  
Nacional.  
nada empática con las reales  
necesidades del pueblo viciada por  
la falta de articulación con las demás  
De ahí que los conflictos entre los  
poderes del estado han sido parte  
del paisaje estatal, la fragilidad o el  
autoritarismo han sido una constante  
marcada por:  
funciones  
del  
estado  
y
fundamentalmente desvinculada de  
los principios constitucionales que  
priman sobre la base de sus  
actuaciones y el verdadero fin de  
•
•
Fragmentación partidista  
Falta de mayorías legislativas  
estables  
estabilidad  
social,  
política  
y
•
Recurrente  
desafío  
del  
y
económica del estado de derecho y  
justicia social que promulga la  
Constitución del 2008.  
Legislativo al Ejecutivo  
viceversa  
•
•
Gobierno central gobernando en  
minoría  
Es indispensable una mirada  
retrospectiva a los antecedentes  
políticos de un estado ecuatoriano  
Legislativo con funciones de veto  
permanente  
que  
constantemente  
vive  
en  
•
•
Obstruccionismo parlamentario  
Política pública inerte ante la  
ausencia de certeza normativa  
Andamiaje normativo que no  
motiva una democracia ética y  
participativa  
situación emergente, tras sus  
orígenes republicanos el Ecuador  
heredó la divergencia de regiones  
que claramente se encontraban  
sometidas a las alianzas caudillistas  
de la época, y que a través de  
décadas continua caracterizándose  
por una débil burocracia estatal  
marcada por la falta de decisión y  
legitimidad, misma que desde los  
poderes del estado han asumido la  
constitución como arma política,  
instaurando una cultura política en la  
que la norma se adapta al poder y no  
el poder a la norma, cuyo resultado  
es y ha sido una escasa cohesión  
entre las funciones del estado.  
•
•
•
Organizaciones políticas sin  
postulados ideológicos  
Representación  
partidista  
orientada a personajes mas no a  
planes y propuestas  
•
•
•
Recurrencia  
derrocados  
de  
Gobiernos  
Organismos de control inertes y  
politizados  
Alta rotación presidencial  
1863  
Gellibert-Villao et al. (2025)  
•
Instituciones de control sin  
independencia  
Esta facultad podrá ser ejercida por  
una sola vez en los tres primeros  
años de su mandato.  
•
•
•
Polarización social y territorial  
Judicialización de la política  
Baja confianza ciudadana en el  
Estado  
En un plazo máximo de siete días  
después de la publicación del  
decreto de disolución, el Consejo  
Nacional Electoral convocará para  
una misma fecha a elecciones  
legislativas y presidenciales para el  
resto de los respectivos períodos.  
•
Economía vulnerable  
Ante  
Constitución del 2008, incorpora en  
su articulado un mecanismo  
caracterizado por la  
estos  
escenarios  
la  
Hasta la instalación de la Asamblea  
Nacional, la Presidenta o Presidente  
de la República podrá, previo  
dictamen favorable de la Corte  
Constitucional, expedir decretos-  
leyes de urgencia económica, que  
podrán ser aprobados o derogados  
por el órgano legislativo" (Asamblea,  
contemporaneidad latinoamericana,  
capaz de accionar ante la  
inestabilidad de gobernanza en la  
que la línea de competencias de los  
poderes del estado corra riesgos de  
irrupción  
o
de obstaculización,  
generando grave conmoción interna  
y la inminente crisis política, tal como  
consta en el artículo 148 de la carta  
magna:  
2008)  
En esencia la denominada disolución  
de la Asamblea Nacional, también  
Art. 148.- "La Presidenta  
o
denominada  
claramente  
muerte  
surge  
cruzada,  
como una  
Presidente de la República podrá  
disolver la Asamblea Nacional  
cuando, a su juicio, ésta se hubiere  
arrogado funciones que no le  
herramienta para prevenir golpes  
parlamentarios, el bloqueo  
interinstitucional legislativo-ejecutivo  
y hasta cierto punto se constituye  
como una válvula de escape  
competen  
constitucionalmente,  
previo dictamen favorable de la  
Corte Constitucional; o si de forma  
reiterada e injustificada obstruye la  
ejecución del Plan Nacional de  
Desarrollo, o por grave crisis política  
y conmoción interna.  
institucional,  
Algunos autores  
sugieren que este mecanismo podría  
ser visto como una forma de  
parlamentarización  
del  
presidencialismo, permitiendo a un  
1864  
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Derechos laborales de los servidores de la función legislativa en torno a la figura constitucional de disolución de la Asamblea  
Nacional.  
presidente en dificultades evitar una  
En este sentido Gargarella (2013)  
denomina “constitucionalismo  
destitución  
inminente  
(Vargas,  
Las tres  
Jaramillo, 2024, pag.1).  
tensionado”, caracterizado por la  
coexistencia entre mecanismos  
fuertes de poder presidencial y  
fórmulas institucionales orientadas a  
contenerlo. Es así que el 148 de la  
carta magna no solo permite la  
disolución, sino que habilita una  
forma de gobierno fundamentada en  
la potestad otorgada al Presidente  
para gobernar mediante decretos-  
ley, bajo la lupa de la Corte  
Constitucional, esto tendiente a  
causales invocadas en el 148 de la  
constitución advierten un panorama  
de elevada complejidad, pues la  
aplicación relevaría el colapso  
político gubernamental, así su  
denominación  
responde  
a
la  
consecuencia simultanea que se  
derivaría de ella, como es la muerte  
del legislativo y, eventualmente  
también el periodo del ejecutivo, ya  
que ambos son sometidos  
elecciones.  
a
brindar el equilibrio  
y
control  
democrático así como los límites  
jurídicos.  
La figura de disolución de la  
Asamblea Nacional constituye uno  
de los mecanismos más singulares  
Retractores de la muerte cruzada  
sugieren que uno de los principales  
problemas de la muerte cruzada  
radica en la amplitud interpretativa  
de las causales, la grave crisis  
política y conmoción interna, pues la  
falta de objetividad y materialidad de  
parámetros claros en el texto  
constitucional, abriría un margen  
del  
constitucionalismo  
contemporáneo,  
latinoamericano  
pues esta innovación constitucional  
responde a una lógica de control  
recíproco entre funciones del  
Estado, en la que el Presidente  
puede disolver la Asamblea Nacional  
bajo causales determinadas y,  
simultáneamente, se obliga  
a
considerable  
subjetividad,  
de  
peligrosa  
(2011)  
someterse a un nuevo proceso  
electoral, sin duda esta dualidad  
genera serias interrogantes sobre su  
alcance, excepcionalidad y riesgos  
para la democracia.  
Ferrajoli  
toda  
advierte  
que  
cláusula  
constitucional que habilita poderes  
excepcionales debe estar  
acompañada de controles estrictos y  
definiciones precisas, pues la  
1865  
Gellibert-Villao et al. (2025)  
indeterminación puede favorecer la  
concentración de poder. En este  
sentido es imposible aislar de esta  
visión la figura de muerte cruzada en  
el Ecuador, pues su incorporación  
pone de manifiesto la inestabilidad  
aunque limitados, constituyen un  
freno importante frente a posibles  
excesos. Ramiro Ávila (2020)  
enfatiza que el rol de la Corte es  
decisivo  
en  
momentos  
de  
excepcionalidad política, pues actúa  
como garante de los límites  
rondante  
en  
el  
quehacer  
gubernamental y las debilidades del  
sistema político ecuatoriano, Nohlen  
constitucionales  
frente  
a
la  
expansión temporal del poder  
ejecutivo.  
(2015) sostiene que en contextos de  
alta volatilidad partidaria los  
Esta reconfiguración del sistema  
político planteada por la Constitución  
del Ecuador, produce un vacío  
legislativo bajo el control de la Corte  
mecanismos excepcionales tienden  
a utilizarse como herramientas de  
supervivencia política más que como  
resortes institucionales para resolver  
crisis auténticas. Lo manifestado por  
el autor no es más que la realidad  
ecuatoriana normatizada en el  
artículo 148 y prevista por los  
constituyentes del 2008.  
Constitucional,  
temporalmente que el ejecutivo  
gobierne sin oposición  
posibilitando  
parlamentaria, lo que representanta  
sin lugar a dudas un alto impacto ya  
que se trata de una herramienta que  
puede resolver crisis políticas reales  
que la historia misma del Ecuador  
registra en sus páginas, pero  
también polariza el inminente  
equilibrio de poderes que caracteriza  
los sistemas democráticos, el éxito  
de su aplicación radicaría en la  
coherente y legítima actuación de  
organismos de control y regulación,  
con capacidad e independencia  
suficiente para controlar la vigencia  
del constitucionalismo democrático.  
Desde una óptica constitucional,  
Agustín Grijalva (2019) ha señalado  
que esta característica podría leerse  
como un intento de constitucionalizar  
un equilibrio dinámico entre poderes,  
y que requiere vigilancia estricta. De  
ahí que la Corte Constitucional se ha  
vuelto garante de la institucionalidad  
y del estado de derecho a través de  
sus dictámenes que orientan el  
control previo de constitucionalidad,  
conforme a los artículos 148 y 438 de  
la Constitución. Estos criterios,  
1866  
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Derechos laborales de los servidores de la función legislativa en torno a la figura constitucional de disolución de la Asamblea  
Nacional.  
Desde estas realidades emergen  
diferentes miradas que deben  
hacerse a su aplicación, una de  
ellas, sobre la que se centra este  
estudio, radica en la supremacía  
misma de la Constitución, relativa a  
los derechos laborales de los  
servidores de la Asamblea Nacional  
frente a la disolución de la misma,  
atribuidos a los límites y alcances de  
las causales expuestas en la carta  
magna en torno a la disolución como  
un arma política del jefe de Gobierno  
en contra del Parlamento a quien  
responde políticamente.  
llamado a arbitrar las diferencias  
entre el legislativo y el gobierno, bien  
cuando este ha perdido el apoyo de  
la mayoría, bien cuando aquel ha  
censurado al gobierno o cuando  
existe un desacuerdo entre las dos  
Cámaras  
de  
un  
Parlamento  
bicameral”. (2015, pág. 102).  
Los antecedentes antes descritos  
circunscriben el análisis de la  
disolución de la Asamblea Nacional  
del 2003, al estudio desde un  
enfoque jurisprudencial y doctrinario,  
volviéndose  
investigación  
como  
la  
objeto de  
sentencia  
Esta nueva vertiente política impacta  
la estabilidad laboral de las y los  
servidores de la Función Legislativa,  
si partir del siglo XXI países como  
Perú, Uruguay, Venezuela y Ecuador  
interpretativa N° 0020-10-SIC-CC, y  
los preceptos legales de la sentencia  
004-09-SE-CC y Dictamen No. 1-23-  
DJ/23 del 29 de marzo de 2023.  
Asimismo, el contenido del decreto  
ejecutivo 741 en el amparo del  
artículo 148 de la Constitución que  
aduce una grave crisis política y  
conmoción social interna.  
contienen  
en  
sus  
cuerpos  
normativos la figura de disolución del  
órgano legislativo, es menester el  
análisis dogmático y contextual de  
estas  
nuevas  
formas  
de  
Las implicaciones en el ámbito de los  
derechos laborales conforme lo  
estipulado en el artículo 118 de la  
Constitución en concordancia con la  
Ley Orgánica de la Función  
constitucionalismo que sin lugar a  
dudas tienen alta incidencia en los  
derechos que previamente han sido  
reconocidos y acreditados a los  
ciudadanos.  
Para el tratadista  
Legislativa  
Administrativo de la Legislatura  
CAL) derivaron la omisión  
interpretación de las normas y los  
y
el  
Consejo  
Enrique Alnardo Alcubilla “El  
derecho de disolución es una  
prerrogativa del jefe de Estado  
(
e
1867  
Gellibert-Villao et al. (2025)  
estándares  
del  
control  
de  
no concentrado en una sola persona  
o grupo se llama división y  
separación de poderes. (Bazán,  
2023). La disolución, en términos  
políticos, refiere a la disolución  
formal o desaparición de una de las  
convencionalidad con observancia a  
los instrumentos del corpus iuris  
interamericano, así como los  
preceptos del ordenamiento jurídico  
nacional entorno al sustento legal  
frente a situaciones arbitrarias o de  
interpretaciones ambiguas, más si  
estas inciden en los derechos  
laborales que, al no estar regulados  
los servidores del legislativo como  
servidores públicos, se dilucidan  
ramas  
del  
poder  
público,  
especialmente en relación con el  
Poder Legislativo, es un acto  
mediante el cual se terminan las  
funciones de una institución, como el  
parlamento o la asamblea legislativa,  
y se convocan nuevas elecciones  
para elegir a sus miembros este  
proceso puede ser impulsado por el  
Poder Ejecutivo o por otras razones  
constitucionales, dependiendo de las  
características del sistema político  
del país.  
afectaciones derechos  
a
los  
humanos de este grupo poblacional.  
2. Desarrollo  
Según Alcántara y Sánchez (2007),  
el concepto de división y separación  
de poderes tiene su origen en la  
filosofía política. Algunos de los  
La disolución aparece entonces  
como la contrapartida de la  
primeros  
pensadores  
fueron  
que  
lo  
y
responsabilidad  
política  
propusieron  
Locke  
gubernamental, el tratadista francés  
André Hauriou concibe dicho  
mecanismo como un arma eficaz del  
gabinete para que este no se  
encuentre a la entera discreción del  
Parlamento, lo cual distorsionaría el  
Montesquieu, quienes defendieron la  
idea de repartir el poder entre  
distintas  
instituciones  
que  
representaran a la sociedad, como  
una forma de limitar el poder  
absoluto de los monarcas  
y
régimen  
acercarlo más al de Asamblea.  
Bendezú, 2019). La doctrina  
establece dos tipos principales de  
disolución: la disolución del  
parlamentario  
para  
garantizar el equilibrio y el control  
mutuo entre las diferentes ramas del  
gobierno. El principio de la  
democracia moderna que establece  
que el poder debe estar repartido y  
(
1868  
Revista Científica Multidisciplinaria Arbitrada YACHASUN. Volumen 9, Número 17 (Ed. jul – dic. 2025) ISSN: 2697-3456  
Derechos laborales de los servidores de la función legislativa en torno a la figura constitucional de disolución de la Asamblea  
Nacional.  
Parlamento o de la Asamblea  
Legislativa y la disolución del  
gobierno, que involucra la destitución  
o dimisión del Ejecutivo, en sistemas  
parlamentarios, la disolución del  
Parlamento es más frecuente y está  
ligada a la convocatoria de nuevas  
elecciones generales. En sistemas  
presidenciales, la disolución del  
gobierno es menos común, ya que el  
presidente tiene un mandato fijo que  
no puede ser interrumpido por la  
voluntad del poder legislativo. En los  
laborales de los miembros de la  
Asamblea Nacional. Estos derechos  
están protegidos por diversas  
normativas que garantizan su  
independencia y estabilidad laboral,  
incluso en un contexto de disolución.  
Por consiguiente, los servidores de  
la Asamblea, aunque no sean  
trabajadores  
en  
el  
sentido  
tradicional, tienen derecho a una  
remuneración que compense su  
tiempo y trabajo en el legislativo, en  
este mismo sentido los derechos  
sistemas  
parlamentarios  
los  
laborales  
también  
incluyen  
mecanismos constitucionales se  
centran en el primer ministro o el jefe  
de gobierno para disolver el  
condiciones laborales adecuadas,  
como oficinas, personal de apoyo y  
la posibilidad de acceder a recursos  
necesarios para llevar a cabo sus  
funciones. En algunos sistemas  
parlamentarios, estos servidores  
pueden gozar de una remuneración  
durante el período en que el  
parlamento está disuelto, aunque no  
legislativo  
y
convocar nuevas  
elecciones, este acto tiene lugar  
generalmente cuando el Ejecutivo  
considera que no puede continuar  
con la aprobación de leyes  
importantes debido a la falta de  
apoyo parlamentario, es un recurso  
estén  
realizando  
actividades  
utilizado  
legitimidad política del gobierno y  
buscar una nueva mayoría  
para  
restablecer  
la  
legislativas. Esto depende de la  
legislación de cada país, pero  
generalmente se considera que sus  
derechos laborales están protegidos  
durante la disolución, ya que su  
cargo no termina de manera  
inmediata hasta que se celebren  
nuevas elecciones y se forme un  
nuevo gobierno. En el Ecuador las  
parlamentaria que apoye sus  
políticas.  
Aunque  
garantizar la estabilidad política y la  
renovación democrática, tiene  
implicaciones para los derechos  
la  
disolución  
busca  
1869  
Gellibert-Villao et al. (2025)  
funciones y atribuciones de la  
Asamblea Nacional se rigen por las  
previstas en la Constitución de la  
República en el artículo 120 y la Ley  
Orgánica de la Función Legislativa  
estipuladas en su artículo 9.  
A
diferencia de los sistemas  
parlamentarios, donde el Ejecutivo  
depende del apoyo del Legislativo,  
en los sistemas presidenciales el  
presidente tiene un mandato fijo,  
generalmente de cuatro o seis años,  
y no puede ser destituido por el  
parlamento de forma directa a  
menos que haya una causal grave,  
como un juicio político. De esta  
Cabe indicar que la muerte cruzada  
representa un cese de funciones de  
la asamblea, cuyo resultado no  
surge como consecuencia de al  
desempeño autónomo del servidor  
legislativo, es por ello que no pueden  
manera, el presidente  
y
el  
una  
que  
parlamento  
poseen  
relativa  
independencia  
ser  
despedidos  
por  
razones  
caracteriza a este tipo de sistema  
relacionadas con su desempeño  
político, su situación laboral sigue  
siendo relativamente protegida. En  
algunos países, las leyes laborales  
otorgan a los miembros de la  
Asamblea Nacional un derecho a  
retornar a sus funciones, incluso  
después de un período de  
disolución, una vez que se eligen  
político.  
La  
disolución,  
en los  
como  
sistemas  
la  
concepto,  
presidenciales  
terminación  
no  
implica  
del  
mandato  
del  
presidente ni de la estructura  
legislativa de manera ordinaria. A lo  
largo del mandato presidencial, el  
Congreso puede seguir funcionando  
con independencia, y el presidente  
no tiene la facultad de disolverlo. Sin  
embargo, en ciertos contextos  
políticos y constitucionales, pueden  
existir mecanismos de disolución  
parcial o de interrupción temporal de  
la relación entre los poderes, pero  
estos casos son excepcionales y  
dependen de la legislación interna de  
cada país, así como el caso  
ecuatoriano, en el que el aspecto  
esencial es la existencia de una  
nuevos  
representantes,  
esta  
protección está diseñada para  
garantizar que los cambios políticos  
no afecten injustamente a los  
trabajadores  
brindando  
del  
legislativo  
los  
estabilidad  
a
funcionarios electos.  
En el sistema presidencial, el  
presidente es el jefe de Estado y de  
Gobierno,  
y
es  
elegido  
independientemente del Congreso.  
1870  
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Derechos laborales de los servidores de la función legislativa en torno a la figura constitucional de disolución de la Asamblea  
Nacional.  
marcada división formal de las  
funciones del Estado por lo menos  
en teoría impidiendo que una función  
someta a otra y tome control. (GALO,  
mecanismo que coadyuve a las  
arbitrariedades del despotismo y  
poca intervención de la voz del  
pueblo, estableciendo con ello la  
creación del legislativo conocido en  
Europa como parlamento, “en sus  
inicios, la disolución era una  
prerrogativa del monarca, que  
consistía en la supresión definitiva  
del órgano legislativo, sin que  
existiese la posibilidad de convocar a  
elecciones, como ocurre en la Era  
Moderna” (Torres, 2020).  
2020). Aunque la disolución como tal  
no se da en los sistemas  
presidenciales, existen mecanismos  
alternativos de resolución de crisis  
política que pueden tener efectos  
similares en la relación entre los  
poderes Ejecutivo y Legislativo,  
como es el caso del juicio político ,  
proceso mediante el cual el  
Congreso  
puede  
acusar  
al  
Para los tratadistas Bayón y Chacón,  
la disolución de las Asambleas  
Legislativas, involucra el fin de su  
creación desde su dirección de  
trabajo, ámbito laboral para el cual  
fue creada y la abolición de los  
poderes de los miembros que la  
constituyen. Las Cámaras una vez  
diluidas, cesan sus funciones y dejan  
de coexistir como institución dentro  
de un Estado, doctrinariamente se  
considera a la disolución como la  
suspensión de los funcionarios del  
órgano legislativo sin derecho de  
revertir de carácter inmediato, con la  
consecuente de la pérdida de todos  
los derechos en la naturaleza que  
fue concedida tanto de deberes  
como obligaciones (Bayón y Chacón,  
1999). Los nuevos modelos de  
presidente de cometer faltas graves,  
como traición o abuso de poder.  
Las  
históricas y doctrinarias surgen de  
las confrontaciones políticas  
primeras  
consideraciones  
y
sociales de gobiernos ecuatorianos  
vinculados a intereses particulares,  
que se derivan del empirismo de  
gobernar de manera condensada un  
determinado territorio. La génesis de  
la disolución se remota a la  
formación del Parlamento donde el  
rey esgrimía todo los poderes del  
Estado centrando con ello lo que se  
conocía como un Estado absolutista  
y de la monarquía, la búsqueda por  
limitar el abuso del poder de aquella  
época se centró en el levantamiento  
de los ciudadanos basado en un  
1871  
Gellibert-Villao et al. (2025)  
ideología política atribuyen una  
definición que evidencia la facultad  
coercitiva del poder ejecutivo que se  
centra en las particularidades del  
la llamada disolución, es decir, se  
debe completar con dos o más  
órganos que respalde la intervención  
de su promotor en la intervención  
presidente  
de  
la  
república,  
judicial,  
mediante  
mandato  
determinando con ello que “El  
derecho de disolución implica el  
derecho del Ejecutivo de poner fin  
anticipadamente antes del término  
legal a la Asamblea Nacional”  
normativo.  
En el escenario ecuatoriano la  
viabilidad de la interpretación del  
Artículo 148 de la Constitución de la  
República conlleva la aplicación del  
debido proceso y la seguridad  
jurídica conforme lo estipulado en los  
artículos 76 y 82 ibídem. Desde este  
sentido se desarrolla el decreto  
ejecutivo No. 741, que contempla la  
disolución de la Asamblea Nacional  
bajo los criterios de la Corte  
Constitucional en el ejercicio de su  
facultad normativa y la estabilidad  
institucional del Estado conforme al  
dictamen 1-23-DJ/23 que establece “  
(Granizo, 2024), desde esta premisa  
se focaliza una facultad de derechos  
al órgano estatal en una medida de  
privilegios  
que  
para  
algunos  
tratadistas se debe vincular desde la  
continuidad del marco del derecho  
conforme a la atribuciones de la  
Constitución.  
La facultad de disolver el legislativo,  
según la doctrina, debe estar  
encaminada a un acto simple  
administrativo, o complejo en la  
medida de las consecuencias, que  
declare la formulación de las  
atribuciones y justifique el marco  
legal de aplicación, cuyo acto simple  
se atribuye a un órgano de activar la  
disolución de la Asamblea sin el  
componente de declaración formal  
de otra instancia, mientras que el  
complejo determina los diversos  
alcances o procedimientos para que  
aplique la declaración de voluntad de  
el  
mecanismo  
de  
control  
denominado  
“muerte  
cruzada”,  
insinuando que el presidente de la  
República no podría hacer uso de su  
atribución constitucional establecida  
en el artículo 148 de Constitución  
durante la tramitación del juicio  
político” (María Vargas, 2018).  
Si bien la muerte cruzada contituye  
un mecanimso “no suficientemente  
investigado” (Vargas y Jaramillo,  
2024, p. 1131), son evidentes los  
1872  
Revista Científica Multidisciplinaria Arbitrada YACHASUN. Volumen 9, Número 17 (Ed. jul – dic. 2025) ISSN: 2697-3456  
Derechos laborales de los servidores de la función legislativa en torno a la figura constitucional de disolución de la Asamblea  
Nacional.  
vacíos que de el se generan, mismos  
que inciden en la gestión del talento  
humano al no especificar en aras a la  
seguridad jurídica, cuál es el régimen  
aplicable a los servidores en periodo  
de transición, ya que propiamente no  
impacto y debilitamiento a las  
garantías del debido proceso  
consignadas en el art. 76 de la  
Constitución y el derecho a la  
seguridad jurídica. En la práctica la  
falta  
de  
notificación  
de  
se  
extingue  
la  
institución  
que tiene  
desvinculación, el derecho a la  
defensa son baluartes del estado  
constitucional de derecho, que ante  
cualquier escenario político deben  
prevalecer, incluso en aplicación de  
otras disposiciones constitucionales.  
administrativa,  
la  
indicadores de gestión, financieros y  
operativos que deben seguir  
dinamizándose, mismos que fueron  
minimizados ante la crisis política y  
que generaron incertidumbre e  
El Ecuador requiere de manera  
inestabilidad.  
dejar de observar un inminente  
contexto de precarización  
Resulta imposible  
emergente  
y
previsiva generar  
normas de menor jerarquía de den  
operatividad desde lo legal y no  
desde lo político a escenarios  
excepcionales como la muerte  
cruzada, pues la carrera legislativa,  
los ascensos, nombramientos y una  
institucional de caótico riesgo a la  
estabilidad laboral, debido a la falta  
de coherencia normativa, y de  
ausencia de políticas emergentes de  
gestión  
que  
orientaran  
la  
evaluación  
de  
desempeño  
reorganización, reestructuración y  
reconfiguración administrativa, ante  
un escenario de terminación de  
transparente son los baluartes de un  
derecho laboral publico coherente y  
equilibrado,  
lo  
cual  
fuera  
contratos laborales,  
la no  
nombramientos  
las diversas  
ampliamente afectado con la muerte  
cruzada. Vargas y Jaramillo (2024),  
renovación  
de  
provisionales  
y
referencian  
la  
sentencia  
la  
reubicaciones o supresiones de  
partidas.  
interpretativa  
002-10SIC-CC  
muerte cruzada del 2023 buscaba  
equilibrar poderes, mas, sin embargo  
la falta de previsibilidad en el impacto  
de la medida, más si luego de su  
declaratoria la gobernabilidad se  
Lo señalado sugiere una transición  
ampliamente sesgada, en la que la  
clase trabajadora queda en un  
estatus no priorizado y con un fuerte  
1873  
Gellibert-Villao et al. (2025)  
dinamiza  
mediante  
decretos  
conmoción interna, dejan expuesto  
un vacío en la interpretación  
ejecutivos, lo cual genera un riesgo  
para una serie de principios y  
derechos constitucionales incluso el  
de no regresión de derechos.  
constitucional  
y
una evidente  
trasgresión de derechos, a la lupa de  
la aplicación, desnaturaliza la  
esencia normativa del artículo 148  
de la Constitución de la República  
del Ecuador.  
3. Conclusiones  
Las discrepancias entre los poderes  
del Estado han creado  
históricamente conflictos jurídicos,  
sociales políticos inclusive  
La figura constitucional de la  
disolución de la Asamblea nacional  
estipulada en el artículo 148, en la  
práctica, obedece a una salida de  
rivalidad política por parte de la  
función ejecutiva como resultado de  
una historia del control político  
altamente viciada; sin embargo,  
pese a constituirse Ecuador en un  
estado de derecho y justicia social la  
aplicación de esta figura claramente  
atenta los derechos laborales de los  
servidores de la Asamblea Nacional,  
por su falta de seguridad jurídica.  
e
económico en el Ecuador, la pugna  
entre la jurisdicción parlamentaria y  
presidencial, concordante con los  
bajos índices de aceptación de los  
funcionarios públicos de elección  
popular, tiene un amplio efecto en la  
estructura operativa de las entidades  
inmersas en mecanismos de re  
institucionalización, como la muerte  
cruzada, tal es el caso de los  
servidores de la Asamblea Nacional,  
a quienes afectan estas tensiones  
políticas.  
Las garantías normativas señaladas  
como  
vía  
para  
ejercitar  
el  
cumplimiento efectivo de derechos,  
en casos como el expuesto, generan  
un desequilibrio en la seguridad  
Mediante este análisis se ponen en  
evidencia los estándares de la  
polarización política en el Ecuador  
que, enmarcados en los parámetros  
de la sentencia de la Corte  
Constitucional y el decreto ejecutivo  
No. 741, en el contexto de las  
causales de grave crisis política y  
jurídica  
y
los  
principios  
constitucionales, al activar una  
instancia de doble connotación  
social, que se vincula en primer  
plano a la obligatoriedad de los  
ciudadanos a regresar a las urnas  
1874  
Revista Científica Multidisciplinaria Arbitrada YACHASUN. Volumen 9, Número 17 (Ed. jul – dic. 2025) ISSN: 2697-3456  
Derechos laborales de los servidores de la función legislativa en torno a la figura constitucional de disolución de la Asamblea  
Nacional.  
anticipadamente  
ante  
la  
Congreso de los Diputados,  
999.  
1
inestabilidad política entre poderes  
públicos, y en un segundo plano la  
notable afectación a la esencia del  
garantismo constitucional cuando se  
afecta la irrenunciabilidad de  
derechos laborales y la estabilidad  
socio, familiar económica de los  
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