Revista Científica Multidisciplinaria Arbitrada YACHASUN. Volumen 9, Número 16 (Ed. ene – jun. 2025) ISSN: 2697-3456  
Análisis de la ejecución de las sentencias de acción de protección y las potestades coercitivas de los jueces.  
DOI: https://doi.org/10.46296/yc.v9i16.0673  
ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE ACCIÓN DE  
PROTECCIÓN Y LAS POTESTADES COERCITIVAS DE LOS JUECES  
ANALYSIS OF THE EXECUTION OF PROTECTIVE ACTION SENTENCES  
AND THE COERCIVE POWERS OF JUDGES  
1
2
Santana-Alay Hugo Abrahan ; Párraga-Lino Carla Gabriela ;  
3
4
Parrales-Mendoza Daniel Gustavo ; Vélez-Loor Vielka Madelaine  
1
Universidad San Gregorio de Portoviejo. Portoviejo, Ecuador.  
Correo: e.hasantana@sangregorio.edu.ec. ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3946-9012  
2
Universidad Técnica de Manabí. Portoviejo, Ecuador.  
Correo: carla.parraga@utm.edu.ec. ORCID ID: https://orcid.org/0009-0009-0694-7282  
3
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Manta, Ecuador.  
Correo: daniel.parrales@uleam.edu.ec. ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1049-2646  
4
Universidad San Gregorio de Portoviejo. Portoviejo, Ecuador.  
Correo: ab.vielkavelez@gmail.com. ORCID ID: https://orcid.org/0009-0006-5961-0171  
Resumen  
El presente artículo tiene como objetivo principal analizar la ejecución de las sentencias emitidas  
en acciones de protección en el Ecuador, así como las potestades coercitivas que poseen los  
jueces constitucionales para garantizar el cumplimiento efectivo de dichas resoluciones. Este  
artículo se ve enfocado en el apartado cualitativo, mismo que abre las puertas a explorar y  
comprender en profundidad el fenómeno jurídico desde una visión de carácter tanto interpretativa  
como contextual. Siendo así, la metodología utilizada recae en el carácter cualitativo teórico-  
descriptivo, con un diseño enfocado en el análisis tanto normativo y además de criterios  
jurisprudenciales que sean de relevancia. En cuanto a su naturaleza, la misma se encasilla dentro  
de un enfoque tanto dogmático como sociojurídico, esto al integrar el análisis normativo con la  
reflexión sobre el impacto social y judicial que tiene la ejecución de las sentencias  
constitucionales. La muestra empleada es de carácter no probabilístico e intencional, la cual está  
compuesta por documentos jurídicos y fallos emitidos por la Corte Constitucional del Ecuador.  
Esta selección, de tipo documental y jurisprudencial, no obedece a criterios estadísticos, sino a  
la relevancia que supone a nivel doctrinal y al cómo es capaz de enriquecer el análisis hacia el  
objeto de estudio desde una visión estructurada, sistemática y contextual del derecho. Siendo de  
ese modo, la utilización del método dogmático y sociojurídico resulta óptima como herramienta  
cualitativa, siendo que valora más la profundidad interpretativa y el contenido normativo por sobre  
la cantidad total de casos examinados. Esta metodología permite examinar las tensiones entre  
la teoría constitucional y la práctica judicial, identificar obstáculos estructurales y proponer  
recomendaciones para fortalecer la tutela efectiva de derechos.  
Palabras claves: Ejecución de sentencias, acción de protección, potestades coercitivas, Corte  
Constitucional, justicia constitucional, derechos fundamentales.  
Abstract  
The main objective of this article is to analyze the enforcement of judgments issued in protection  
actions in Ecuador, as well as the coercive powers that constitutional judges have to ensure  
effective compliance with these resolutions. This article focuses on the qualitative approach,  
which opens the door to an in-depth exploration and understanding of the legal phenomenon from  
both an interpretive and contextual perspective. Thus, the methodology used is qualitative and  
theoretical-descriptive, with a design focused on both normative analysis and relevant  
jurisprudential criteria. Its nature is categorized within both a dogmatic and social-legal approach,  
integrating normative analysis with reflection on the social and judicial impact of the enforcement  
Información del manuscrito:  
Fecha de recepción: 24 de febrero de 2025.  
Fecha de aceptación: 23 de mayo de 2025.  
Fecha de publicación: 16 de junio de 2025.  
1
804  
Santana-Alay et al. (2025)  
of constitutional judgments. The sample used is non-probabilistic and purposive, composed of  
legal documents and rulings issued by the Constitutional Court of Ecuador. This documentary  
and jurisprudential selection is not based on statistical criteria, but rather on its doctrinal relevance  
and how it can enrich the analysis of the object of study from a structured, systematic, and  
contextual perspective of law. Thus, the use of the dogmatic and sociolegal method is optimal as  
a qualitative tool, as it values interpretative depth and normative content over the total number of  
cases examined. This methodology allows for examining the tensions between constitutional  
theory and judicial practice, identifying structural obstacles, and proposing recommendations to  
strengthen the effective protection of rights.  
Keywords: Enforcement of judgments, protective action, coercive powers, Constitutional Court,  
constitutional justice, fundamental rights.  
indirecta, de parte de autoridades  
1
. Introducción  
públicas o privadas. No obstante, a  
pesar de aquella premisa, existen  
dudas y discusiones en cuanto a su  
efectividad, especialmente en lo  
referido a su ejecución práctica y al  
alcance que posee la capacidad  
coercitiva con que cuentan los  
La  
consolidación  
del  
Estado  
constitucional de derechos y justicia  
en Ecuador ha traído consigo una  
serie de profundos cambios de  
índole sustancial en el diseño y  
funcionamiento del sistema jurídico,  
lo cual ha desembocado en un  
cambio de paradigma en lo que  
respecta al modo en el que se  
conciben y el cómo se aplican los  
diversos mecanismos judiciales en lo  
que conlleva la protección de los  
derechos fundamentales, siendo así,  
es menester destacar a la garantía  
de la Acción de Protección.  
jueces  
para  
garantizar  
su  
cumplimiento, lo cual ha sido objeto  
de debate.  
Desde un enfoque macrosocial, esta  
investigación se configura en el  
contexto cambios de carácter  
estructural  
que  
influyen  
al  
constitucionalismo  
en  
Latinoamérica. Es allí donde el juez  
constitucional se establece como  
una figura activa entorno a que los  
Así, según lo establecido por parte  
del artículo 88 de la Constitución de  
la República del Ecuador (2008), la  
Acción de Protección se concibe  
como una vía legal destinada a  
restituir derechos vulnerados ya sea  
derechos  
fundamentales  
garantizados  
sean  
en  
debidamente  
contraposición a los abusos o  
negligencias del poder, ya sea este  
público como privado. En lo que  
por omisiones  
acciones  
u
injustificadas, de manera directa o  
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Análisis de la ejecución de las sentencias de acción de protección y las potestades coercitivas de los jueces.  
respecta al contexto ecuatoriano, es  
partir de la Constitución de  
Montecristi de 2008, misma que  
establece un modelo garantista  
orientado a la protección progresiva  
de los derechos, que este rol se  
fundamentación y orientados a la  
defensa de los derechos  
fundamentales, las deficiencias  
estructurales dentro del sistema  
judicial  
dificultan  
que  
estas  
decisiones lleguen a tomar lugar con  
eficacia. Entre las razones del por  
qué esto sucede se destacan a la  
limitada potestad coercitiva de los  
jueces, la falta de cooperación por  
parte de algunas entidades públicas  
en virtud de cumplir los fallos, y la  
falta de mecanismos de seguimiento  
o sanción que respalden la autoridad  
judicial en la fase de ejecución.  
amplía.  
Vale  
mencionar,  
sin  
embargo, que de este marco  
normativo no siempre se refleja en  
una práctica judicial del todo eficaz,  
lo que deja entrever la existencia de  
cierta línea que divide lo que  
establece la norma y lo que ocurre  
en la realidad.  
En lo que respecta al apartado  
meso-social, el presente artículo se  
enfoca en el sistema de justicia  
ecuatoriano, específicamente en  
cómo la aplicación efectiva de las  
garantías jurisdiccionales se puede  
ver comprometida. Este nivel se  
Sumado a lo anterior, también se  
destacar que existe cierta restricción  
en cuanto al principio de dirección  
judicial, mismo cuya función debería  
permitir al juez actuar con iniciativa  
para garantizar la tutela efectiva,  
esto debido a la rigidez del proceso y  
por una cultura jurídica que aún  
posee cierta predilección por el  
formalismo jurídico por sobre los  
resultados materiales, lo cual tiene  
denota  
cómo  
las  
los  
estructuras  
marcos  
institucionales,  
procesales y las prácticas judiciales  
tienen todas influencia en el debido  
cumplimiento tangible de los  
derechos reconocidos por la carta  
magna.  
repercusiones  
directas  
en  
la  
confianza ciudadana hacia la justicia  
constitucional.  
No obstante, si bien habiendo  
analizado las sentencias de Acción  
de Protección fue posible denotar  
que la Corte Constitucional ha  
Por último, en lo concerniente al nivel  
micro-social, el estudio del presente  
artículo se enfoca en el actuar  
emitido  
fallos  
con  
debida  
cotidiano  
de  
los  
jueces  
1
806  
Santana-Alay et al. (2025)  
constitucionales a la hora de afrontar  
casos concretos. Se examinan no  
solo las herramientas procesales  
disponibles, sino también las  
condiciones institucionales y los  
obstáculos que enfrentan los  
operadores de justicia. Factores  
como la presión política, la falta de  
formación técnica o la ambigüedad  
en las normas procesales limitan  
seriamente la capacidad del juez  
para adoptar medidas coercitivas  
eficaces. Este nivel de análisis  
permite identificar con mayor  
precisión los puntos críticos del  
sistema, allí donde el derecho, más  
que declararse, necesita hacerse  
realidad.  
El principio de dirección judicial,  
consagrado en el artículo 169 de la  
Constitución y desarrollado en el  
Código Orgánico General de  
Procesos (COGEP), establece que  
los jueces deben garantizar la  
sustanciación ágil y efectiva de los  
procesos judiciales, asegurando el  
debido proceso y la tutela efectiva de  
derechos. Según Guerrero (2021):  
“En el sistema constitucional  
ecuatoriano, este principio adquiere  
un matiz reforzado en los procesos  
de garantías, ya que el juez no es un  
mero árbitro sino un garante activo  
de los derechos fundamentales”.  
Entendiendo aquello, se esclarece  
que el papel del juez cobra mayor  
importancia que la de simplemente  
dar un dictamen a los casos que se  
presentan, sino también el participar  
activamente en el cumplimiento de  
las medidas que velan por los  
derechos fundamentales. En el  
La acción de protección se configura  
como judicial  
destinado a restituir el goce y  
ejercicio de derechos  
un  
mecanismo  
constitucionales vulnerados por  
actos u omisiones de autoridades  
públicas o privadas. Sin embargo, el  
análisis crítico de la ejecución de las  
sentencias que emanan de esta  
sistema  
procesal  
adversarial  
ecuatoriano, el juez asume un rol  
moderador, garante del debido  
proceso, pero no necesariamente  
protagónico.  
acción  
evidencia  
importantes  
deficiencias  
estructurales,  
especialmente  
cuando  
el  
Sin  
embargo,  
tratándose  
de  
el  
cumplimiento de las resoluciones  
judiciales enfrenta la resistencia de  
los obligados.  
garantías  
jurisdiccionales,  
principio de dirección judicial  
adquiere particular relevancia, ya  
1
807  
Revista Científica Multidisciplinaria Arbitrada YACHASUN. Volumen 9, Número 16 (Ed. ene – jun. 2025) ISSN: 2697-3456  
Análisis de la ejecución de las sentencias de acción de protección y las potestades coercitivas de los jueces.  
que el juez debe ser activo en la  
en virtud de velar por la eficacia de la  
tutela  
efectiva  
de  
derechos  
Ávila  
tutela judicial efectiva.  
fundamentales.  
Según  
Dicho accionar ha sido replicado en  
posteriores sentencias tales como la  
Santamaría en una acción de  
protección “el juez constitucional no  
puede adoptar una actitud pasiva  
frente a la controversia, ya que su  
deber es restablecer el orden  
constitucional roto”. Siendo así, este  
principio exige una adaptación del rol  
del juez en función de la finalidad  
1
2-23-JC/24 y la 24-36-21-IS/23, y  
es que, en las mismas se establece  
que la inobservancia del  
cumplimiento de las sentencias de  
acción de protección implica una  
forma agravada de vulneración de  
derechos. Esta comprensión del  
principio de dirección judicial  
refuerza la necesidad de una mayor  
proactividad del juez en procesos  
constitucionales, ya que de su  
iniciativa depende muchas veces la  
teleológica  
del  
proceso  
constitucional” (2021).  
En esta misma línea de ideas se  
puede decir que aun cuando el  
modelo adversarial promueve la  
igualdad de armas entre las partes,  
en el caso de las garantías  
jurisdiccionales, el rol del juez debe  
ser reforzado para contrarrestar la  
posible asimetría entre el accionante  
usualmente un ciudadano vulnerado  
y el Estado o entidad demandada.  
concreción  
vulnerados.  
de  
los  
derechos  
Por otro lado, el sistema procesal  
ecuatoriano vigente, dentro del  
sistema adversarial, el juez adopta  
un rol de garante de la equidad  
procesal, pero en los procesos de  
acción de protección este modelo se  
enfrenta a limitaciones estructurales  
que obstaculizan la ejecución eficaz  
de las sentencias. De acuerdo a lo  
acotado por parte de Corral (2020),  
Entonces, de acuerdo  
a
lo  
establecido por parte de la Corte  
Nacional según la sentencia No.  
1
101-20-EP/22, que el principio de  
dirección judicial no se restringe  
únicamente a ordenar el proceso,  
entendemos  
que  
el  
modelo  
sino  
que  
implica  
un  
adversarial tradicional no está  
diseñado para garantizar una  
intervención activa del juez cuando  
condicionamiento activo por parte  
del accionar del operador de justicia  
1
808  
Santana-Alay et al. (2025)  
se trata de proteger derechos  
fundamentales.  
derechos  
constitucionales  
de  
manera efectiva se ve limitada por la  
falta de mecanismos claros de índole  
coercitiva. En ausencia de una  
formación doctrinaria y práctica  
adecuadas, resulta natural que el  
juez no tenga acceso a las  
herramientas idóneas a la hora de  
ejercer su cargo. Solo mediante una  
sinergia entre legislación moderna y  
formación profesional robusta se  
podrá consolidar un sistema de  
La Corte Constitucional, en la  
sentencia 873-20-EP/24, manifestó  
que: "los jueces constitucionales  
están investidos de la facultad de  
adoptar medidas coercitivas para  
hacer cumplir sus sentencias,  
incluyendo de  
sanciones administrativas y penales  
contra los responsables del  
incumplimiento". Sin embargo,  
la  
imposición  
garantías  
jurisdiccionales  
que  
independiente de aquello, en la  
práctica se observa una inercia  
institucional que limita el uso efectivo  
de tales herramientas (Molina,  
cumpla con su finalidad material: la  
protección efectiva de los derechos  
humanos.  
2
023). Estas limitaciones revelan la  
En  
este  
contexto,  
surgen  
existencia de discordancia entre lo  
establecido por parte de la normativa  
y su debida aplicación, lo que da  
interrogantes sobre el verdadero  
poder de los jueces para asegurar el  
cumplimiento de sus resoluciones,  
particularmente cuando enfrentan  
resistencia por parte de las  
entidades demandadas. Así, el  
problema central de investigación se  
resume en la siguiente pregunta:  
paso  
a
que se requiera no  
únicamente una reforma legal sino  
también un cambio en la cultura  
judicial y en la formación de jueces  
constitucionales.  
¿
Las sentencias de Acción de  
En razón de garantizar una justicia  
Protección y el poder coercitivo de  
los jueces cumplen con la naturaleza  
constitucional  
adecuada,  
es  
adecuado que se establezcan  
reformas de carácter normativo, así  
como también una formación judicial  
de carácter especializado como ejes  
fundamentales. La potestad del juez  
a la hora de salvaguardar los  
jurídica  
de  
esta  
garantía  
jurisdiccional? Esta pregunta refleja  
una preocupación tanto jurídica  
como práctica sobre la efectividad de  
uno de los principales instrumentos  
1
809  
Revista Científica Multidisciplinaria Arbitrada YACHASUN. Volumen 9, Número 16 (Ed. ene – jun. 2025) ISSN: 2697-3456  
Análisis de la ejecución de las sentencias de acción de protección y las potestades coercitivas de los jueces.  
de protección de derechos en el  
país.  
2. Metodología  
Enfoque y Diseño Metodológico  
Es  
menester  
profundizar  
El tipo de investigación se enmarcó  
en el paradigma dogmático y socio  
jurídico, lo que permitió abordar el  
fenómeno jurídico desde una doble  
dimensión teórica y contextual. Bajo  
este enfoque, se dio paso a un  
investigaciones orientadas a evaluar  
el impacto real de las decisiones  
constitucionales en los destinatarios  
de los fallos, así como impulsar  
reformas normativas que otorguen al  
juez constitucional herramientas de  
análisis crítico entorno  
establecido por parte  
a
lo  
coerción  
directa  
frente  
a
del  
incumplimientos. Asimismo, futuras  
líneas de investigación podrían  
incluir estudios comparativos con  
países como Colombia, Costa Rica o  
ordenamiento jurídico, con especial  
énfasis en lo que respecta a cómo se  
interpretan  
los  
principios  
constitucionales, entre ellos en  
específico, el de dirección judicial y  
el de la eficacia para con las  
garantías jurisdiccionales que el  
propio ordenamiento establece, esto  
teniendo en consideración a la  
doctrina contemporánea.  
Argentina,  
donde  
se  
han  
desarrollado mecanismos judiciales  
eficaces de seguimiento y control de  
cumplimiento, potenciando así el rol  
garante del juez constitucional.  
Es entonces que, en razón a todo lo  
anteriormente planteado, se plantea  
como objetivo general: analizar el  
principio de dirección judicial en el  
sistema adversarial-oral en los  
Al mismo tiempo, mediante el  
enfoque socio jurídico se posibilitó el  
dimensionamiento  
del  
impacto  
existente a raíz del incumplimiento  
de las sentencias de acción de  
protección, así como en juzgar la  
efectividad real de la tutela judicial a  
la hora de salvaguardar los derechos  
fundamentales. Esta aproximación  
procesos  
de  
garantías  
jurisdiccionales de Acción de  
Protección.  
metodológica  
comprensión  
posibilitó  
integral  
una  
las  
de  
tensiones entre norma y praxis en el  
1
810  
Santana-Alay et al. (2025)  
sistema de justicia constitucional  
ecuatoriano.  
institucionales y legislativas para  
robustecer la ejecución judicial.  
Respecto a la muestra utilizada, la  
misma se compone de sentencias  
emitidas por parte de la Corte  
Constitucional del Ecuador. Es una  
muestra no probabilística de tipo  
intencional, elegida a raíz de su  
relevancia temática. Las técnicas de  
recolección aplicadas fueron el  
Sintetizando  
(Carbonell, 2022, p. 51) "El enfoque  
cualitativo en el derecho  
constitucional no busca únicamente  
sistematizar normas, sino  
lo  
que  
afirma  
desentrañar los sentidos jurídicos  
que configuran la praxis judicial y su  
legitimidad social". Es decir, este  
planteamiento resulta esencial para  
abordar el análisis de la ejecución de  
sentencias de acción de protección,  
en tanto implica evaluar cómo el  
principio de dirección judicial se  
articula o colisiona con el sistema  
adversarial-oral, es decir, el enfoque  
cualitativo no solo permite observar  
análisis  
documental  
y
jurisprudencial. Los instrumentos  
empleados fueron fichas de análisis  
normativo  
y
matrices  
de  
interpretación jurisprudencial.  
Por último, vale mencionar a los  
métodos dogmático y hermenéutico-  
sociojurídico, que dieron paso a la  
interpretación de las sentencias.  
También que las limitaciones del  
presente estudio es que se centra en  
sentencias de la Corte Constitucional  
y no incorpora datos empíricos del  
seguimiento o cumplimiento real  
desde otras instancias estatales,  
como el Ejecutivo o los gobiernos  
autónomos. Además, no se ha  
normas,  
sino  
también  
interpretaciones  
dinámicas  
judiciales  
y
institucionales,  
fundamentales para entender las  
tensiones entre la teoría  
constitucional y su implementación  
práctica.  
Tipo de Investigación y Estrategia  
Jurídica  
incorporado  
comparada  
la  
con  
perspectiva  
otras cortes  
El tipo de investigación corresponde  
al paradigma dogmático y socio  
constitucionales de la región, lo cual  
jurídico.  
dogmático, se sistematizó y analizó  
el marco normativo vigente,  
Desde  
el  
enfoque  
podría  
enriquecer  
el  
análisis  
respecto  
a
buenas  
prácticas  
1
811  
Revista Científica Multidisciplinaria Arbitrada YACHASUN. Volumen 9, Número 16 (Ed. ene – jun. 2025) ISSN: 2697-3456  
Análisis de la ejecución de las sentencias de acción de protección y las potestades coercitivas de los jueces.  
interpretando  
principios  
como el de  
intencional, y se compone de  
documentos normativos, doctrinarios  
y jurisprudenciales seleccionados  
por su relevancia temática en el  
estudio del principio de dirección  
judicial y la ejecución de las  
decisiones en los procesos de acción  
de protección.  
constitucionales  
dirección judicial y la eficacia de las  
garantías jurisdiccionales. Desde la  
dimensión  
socio  
los  
jurídica,  
efectos  
se  
examinaron  
del  
cumplimiento o incumplimiento de  
las sentencias de acción de  
protección en la estructura del  
Estado de derecho y en la garantía  
El  
tamaño  
de  
la  
muestra  
corpus  
corresponde  
al  
efectiva  
de  
los  
derechos  
jurisprudencial integrado por las  
sentencias: 1101-20-EP/22, 12-23-  
JC/24, 24-36-21-IS/23, 873-20-  
EP/24, 1706-17-EP/22, 1772-14-  
EP/20, 2276-17-EP/22, 1861-17-  
EP/23, 3232-19-EP/24, 1225-17-  
EP/22 y 22-13-IN/20. Asimismo, se  
consideran normas constitucionales,  
fundamentales.  
Esta combinación metodológica  
respondió a la necesidad de estudiar  
el derecho como sistema normativo  
y como fenómeno social, tal como lo  
sostiene (García Figueroa, 2021, p.  
7
3), el derecho no puede analizarse  
únicamente  
dogmática,  
basados  
en  
la  
a
legales  
y
doctrina académica  
sino también  
producida entre 2020 y 2025, que  
permiten contextualizar y sustentar  
el análisis. De acuerdo con Peces-  
comprender al derecho como una  
práctica institucional inmersa dentro  
de un contexto histórico y político  
específico.  
Barba  
(2020)  
"el  
estudio  
jurisprudencial adquiere especial  
relevancia cuando se pretende  
comprender la manera en que se  
Técnica y Muestra de Análisis  
concretan  
los  
principios  
contextos  
La técnica principal utilizada es el  
constitucionales  
en  
análisis  
documental  
y
judiciales  
limitaciones y potencialidades" (p.  
8).  
reales,  
con  
sus  
jurisprudencial, orientado a examinar  
sentencias relevantes de la Corte  
Constitucional del Ecuador dictadas  
entre los años 2020 y 2025. La  
muestra es no probabilística,  
8
1
812  
Santana-Alay et al. (2025)  
3
. Resultados y discusión  
resumida el cómo se lograron  
esquematizar las diversas  
En la siguiente tabla se procede a  
sentencias a las cuales se les dio  
revisión.  
mostrar de manera gráfica  
y
Tabla I. Sentencias estudiadas del 2020  
RESULTADOS SOBRE LA  
EJECUCIÓN Y  
POTESTAD COERCITIVA  
DESCRIPCIÓN DE  
LA SENTENCIA  
APORTE  
JURISPRUDENCIAL  
SENTENCIA  
Se comprobó la  
vulneración  
derechos  
fundamentales de  
de  
La Corte introdujo el Las órdenes estructurales  
enfoque de "control fueron ignoradas por falta  
1772-14-  
estructural  
de de judiciales  
sancionatorias  
supervisión continua.  
medidas  
PPL  
por  
EP/20  
condiciones  
carcelarias".  
y
de  
condiciones  
inhumanas  
reclusión.  
de  
Declaratoria  
de  
inconstitucionalidad Se  
por omisión doctrina  
legislativa respecto "inconstitucionalidad  
estableció  
la  
de  
No  
hubo  
acción  
parlamentaria inmediata ni  
vías coercitivas desde la  
Corte para obligar al  
legislador a cumplir.  
22-13-IN/20  
a
derechos por omisión" como  
laborales  
trabajadores  
honorarios.  
de garantía  
por progresividad.  
activa  
de  
Elaboración: Autor de la investigación  
Tristemente, el que se ignorasen las  
órdenes no pudo dar paso a aquello.  
En la presente tabla se recopilan dos  
casos en particular que denotan las  
tensiones existentes entre el  
contenido de las sentencias y la  
ejecución efectiva de las mismas en  
cuanto al cumplimiento de las  
garantías. En la sentencia No. 1772-  
La sentencia No. 22-13-IN/20 resultó  
en  
declaración  
de  
inconstitucionalidad por omisión  
legislativa en razón a los derechos  
laborales, lo que en sí es un avance  
doctrinal, pero, el no accionar de la  
corte ante el no cumplimiento resultó  
en que la resolución no fuese  
efectiva, lo cual muestra la  
necesidad de reforzar los medios de  
ejecución de sentencias en el  
Ecuador.  
1
4-EP/20, la corte reconoció la  
existencia de condiciones  
inhumanas de reclusión para  
personas privadas de libertad (PPL)  
y adoptó un enfoque de control  
estructural, ordenando medidas  
concretas para lidiar con el caso.  
1
813  
Revista Científica Multidisciplinaria Arbitrada YACHASUN. Volumen 9, Número 16 (Ed. ene – jun. 2025) ISSN: 2697-3456  
Análisis de la ejecución de las sentencias de acción de protección y las potestades coercitivas de los jueces.  
Tabla II. Sentencias estudiadas del 2022  
RESULTADOS SOBRE  
DESCRIPCIÓN  
DE LA  
SENTENCIA  
LA EJECUCIÓN Y  
POTESTAD  
APORTE  
JURISPRUDENCIAL  
N° SENTENCIA  
COERCITIVA  
Se identificó una  
omisión reiterada  
de cumplimiento  
por parte de la  
administración  
La Corte desarrolló el  
principio  
de  
A
pesar  
de  
la  
cumplimiento eficaz contundencia del fallo, el  
como parte de la tutela juez  
judicial efectiva, mecanismos  
señalando que la institucionales  
ejecución es  
careció  
de  
local a una orden  
judicial previa de  
1
101-20-  
EP/22  
1
5
que  
restitución  
derechos  
de  
en  
un obliguen a la entidad al  
componente esencial cumplimiento inmediato.  
de la reparación.  
materia de acceso  
a
servicios  
básicos.  
1706-17-  
EP/22  
La Corte constató Se  
demoras estándar de "urgencia obstaculizada por la falta  
injustificadas en la vital", obligando de previsión  
estableció  
el La  
ejecución  
fue  
a
entrega  
medicamentos  
de autoridades a actuar presupuestaria, sin acción  
de manera inmediata directa del juez para  
para  
con  
personas bajo amenaza de corregir el incumplimiento.  
daño irreparable.  
enfermedades  
catastróficas.  
7
2276-17-  
EP/22  
Se vulneró el La Corte reafirmó el Pese al mandato de  
derecho  
estabilidad laboral jurídica y control de cumplimiento inmediato ni  
en el sector motivación de los mecanismos de presión  
a
la principio de seguridad reintegro,  
no  
hubo  
público mediante actos administrativos. judicial suficientes.  
desvinculaciones  
arbitrarias.  
10  
1225-17-  
EP/22  
El juez ordinario La Corte aclaró el La sentencia de la Corte  
negó la acción de alcance  
de  
la no pudo ser ejecutada  
plenamente por falta de  
protección  
motivación  
adecuada,  
vulnerando  
tutela  
sin "motivación  
sustancial"  
como sanciones contra el juez  
exigencia mínima de ordinario.  
la legalidad judicial.  
judicial  
efectiva.  
Elaboración: Autor de la investigación  
pesar de remarcarse el principio de  
cumplimiento eficaz, el juez no contó  
con herramientas idóneas para dar  
cumplimiento a la decisión. Lo cual  
es similar a lo ocurrido en la  
En los casos de la tabla mostrada, la  
corte emite sentencias con altos  
estándares garantistas, pero su  
ejecución es insatisfactoria. En la  
sentencia No. 1101-20-EP/22, a  
sentencia  
No.  
1706-17-EP/22,  
1
814  
Santana-Alay et al. (2025)  
donde el estándar de urgencia vital  
fue reconocido, pero la falta de  
acción presupuestaria y judicial  
directa dio paso a la ausencia de una  
acción oportuna.  
judicial, mientras que en la No. 1225-  
17-EP/22, se produjo una falta de  
sanciones hacia el juez ordinario  
quien no motivó debidamente la  
resolución. Los casos muestran que,  
aunque  
la  
jurisprudencia  
En la sentencia No. 2276-17-EP/22,  
la orden de reintegro laboral no se  
dio debido a la falta de presión  
constitucional avanza en la definición  
de derechos, su cumplimiento es  
insatisfactorio.  
Tabla III. Sentencias estudiadas del 2023  
RESULTADOS SOBRE  
LA EJECUCIÓN Y  
POTESTAD  
DESCRIPCIÓN  
DE LA  
SENTENCIA  
APORTE  
JURISPRUDENCIAL  
N° SENTENCIA  
COERCITIVA  
Se demostró una La Corte consolidó el  
vulneración  
sistemática  
derecho  
concepto  
al "reparación  
la transformadora", que cumplimiento por falta de  
de Las  
entidades  
responsables dilataron el  
a
2
4-36-21-  
IS/23  
educación  
personas  
discapacidad por para  
omisiones  
administrativas.  
de implica una obligación controles  
con positiva del Estado mostrando  
coercitivos,  
un vacío  
3
8
modificar normativo para ejecutar  
sentencias.  
estructuras  
discriminatorias.  
1861-17-  
EP/23  
Omisiones  
procedimentales  
Se  
desarrolló  
el El incumplimiento de la  
judicial se  
estándar de "debida decisión  
en el sistema motivación reforzada" prolongó por falta de  
disciplinario  
vulneraron  
en  
procedimientos control  
permanente.  
judicial  
el sancionatorios.  
derecho al debido  
proceso.  
Elaboración: Autor de la investigación  
una debida motivación, el fallo no  
tuve un seguimiento  
Las sentencias del 2023 igualmente  
ejemplifican que los avances  
normativos no siempre implican una  
debida aplicación de lo que  
propugnan. En el caso 24-36-21-  
correspondiente, lo que imposibilitó  
su ejecución debida.  
IS/23,  
el  
cumplimiento  
fue  
postergado por falta de mecanismos  
coercitivos. De forma similar, en la  
1
861-17-EP/23, a pesar de existir  
1
815  
Revista Científica Multidisciplinaria Arbitrada YACHASUN. Volumen 9, Número 16 (Ed. ene – jun. 2025) ISSN: 2697-3456  
Análisis de la ejecución de las sentencias de acción de protección y las potestades coercitivas de los jueces.  
Tabla IV. Sentencias estudiadas del 2024  
RESULTADOS SOBRE  
DESCRIPCIÓN  
DE LA  
SENTENCIA  
LA EJECUCIÓN Y  
POTESTAD  
APORTE  
JURISPRUDENCIAL  
N° SENTENCIA  
COERCITIVA  
El incumplimiento  
de tratamientos  
médicos  
Se  
precedentes sobre la la presión de la opinión  
responsabilidad pública y no de la potestad  
estatal en materia de coercitiva judicial,  
salud y el derecho a evidenciando la ineficacia  
una vida digna como del juez sin herramientas  
sentaron La ejecución dependió de  
ordenados  
acción  
por  
de  
2
4
12-23-JC/24 protección mostró  
una  
omisión  
de  
directa  
entidades  
MSP.  
derecho compuesto.  
de ejecución.  
del  
873-20-EP/24 Se estableció la La Corte enfatizó el El  
cumplimiento  
fue  
existencia  
tratos  
de principio  
interculturalidad,  
generando  
de parcial y tardío, sin que el  
juez tenga vías efectivas  
discriminatorios  
un para sancionar  
de autoridad que desacató el  
en centros de protección reforzada fallo.  
a
la  
hacia migrantes estándar  
detención  
temporal.  
para personas en  
movilidad humana.  
9
3232-19-  
EP/24  
Falta  
aplicación  
medidas  
de La Corte estableció un El  
de deber constitucional superficial;  
cumplimiento  
no  
fue  
hubo  
de reforzado  
de seguimiento judicial para  
garantizar su efectividad.  
protección a niñas protección a la niñez.  
en riesgo vulneró  
derechos  
a
la  
integridad y vida  
digna.  
Elaboración: Autor de la investigación  
medidas sancionatorias ante el  
incumplimiento. Por último, en la  
Una vez más, las sentencias del  
2
1
024 no son diferentes. En el caso  
2-23-JC/24, la omisión del  
3
232-19-EP/24,  
la  
falta  
de  
seguimiento judicial redujo el  
impacto de una sentencia clave en la  
protección de niñas en situación de  
riesgo.  
ministerio frente a tratamientos  
médicos  
ordenados  
luego  
solo fue  
presión  
subsanada  
de  
mediática, no judicial. En la  
sentencia 873-20-EP/24, aunque  
hubo reconocimiento a la situación  
discriminatoria hacia migrantes y se  
Estos casos reflejan la persistente  
debilidad  
institucional  
para  
garantizar el cumplimiento efectivo  
de los derechos reconocidos. En el  
pasado lustro (2020-2025), la Corte  
reforzó de  
el  
principio  
interculturalidad, hubo ausencia de  
1
816  
Santana-Alay et al. (2025)  
Constitucional emitió fallos que  
establecen de manera clara y  
fortalecen el papel coercitivo del juez  
en la ejecución de sentencias de  
acción de protección. Entre dichos  
fallos destacan los siguientes:  
Derecho constitucional ecuatoriano  
(Corte Constitucional del Ecuador,  
2024). No obstante, si bien la  
existencia  
de  
una  
línea  
y
jurisprudencial  
coherente  
progresiva es un claro avance,  
resulta insuficiente en últimas  
instancias si aquello no es  
•
Sentencia No. 1706-17-EP/22:  
La misma declara que la falta de  
cumplimiento entorno a una  
sentencia constitucional implica  
una nueva transgresión de los  
derechos y puede desembocar  
en medidas sancionatorias.  
respaldado  
por  
mecanismos  
prácticos que den paso a que los  
jueces realicen sus potestades  
coercitivas de manera efectiva.  
Discusión  
•
•
Sentencia No. 1772-14-EP/20:  
Establece que los jueces pueden  
requerir el auxilio de la fuerza  
pública para garantizar el  
cumplimiento efectivo de sus  
decisiones  
Los resultados obtenidos permiten  
discutir críticamente el cumplimiento  
de la naturaleza jurídica de la acción  
de protección como garantía  
jurisdiccional. Esta acción fue  
concebida como un mecanismo ágil,  
inmediato y efectivo para tutelar  
Sentencia No. 2276-17-EP/22:  
Aclara que la Administración es  
incapaz de interponer recursos  
ordinarios en virtud de dilatar  
derechos  
embargo, su ejecución enfrenta  
obstáculos institucionales  
estructurales. De acuerdo con Ayala  
2021), “la acción de protección debe  
fundamentales,  
sin  
innecesariamente  
el  
cumplimiento debido de una  
sentencia constitucional.  
(
entenderse como un instrumento con  
vocación transformadora que exige  
al juez un rol activo y garante, no solo  
durante el proceso, sino también en  
la fase de cumplimiento” (p. 66). En  
el contexto ecuatoriano, el principio  
de dirección judicial, si bien  
reconocido normativamente, no ha  
Siendo que estas decisiones  
emitidas refuerzan el carácter  
vinculante y ejecutable de las  
garantías  
jurisdiccionales,  
las  
mismas se configuran como una  
piedra angular entorno al avance del  
1
817  
Revista Científica Multidisciplinaria Arbitrada YACHASUN. Volumen 9, Número 16 (Ed. ene – jun. 2025) ISSN: 2697-3456  
Análisis de la ejecución de las sentencias de acción de protección y las potestades coercitivas de los jueces.  
sido plenamente desarrollado en la  
práctica jurisdiccional.  
(2023), “la Corte Constitucional no  
solo resuelve controversias jurídicas,  
sino que establece criterios  
El análisis sistemático de las once  
sentencias seleccionadas permitió  
identificar una constante en la  
hermenéuticos que configuran el  
contenido y alcance de los derechos  
fundamentales dentro del modelo de  
Estado constitucional de derechos y  
justicia” (p. 87). Esta labor la  
convierte en un ente de control,  
protección y evolución normativa  
frente a los desafíos del poder  
público.  
jurisprudencia  
constitucional  
ecuatoriana: el robustecimiento  
argumentativo y dogmático de los  
derechos fundamentales frente a la  
inercia o resistencia de las entidades  
obligadas. La Corte ha formulado  
doctrinas clave como la reparación  
transformadora, la urgencia vital, y el  
control estructural, en un intento por  
expandir la efectividad de las  
decisiones judiciales. Sin embargo,  
esta evolución teórica no ha ido  
El impacto normativo de la Corte  
trasciende lo resolutivo; representa  
una fuente creadora de derecho  
constitucional, imprescindible para  
una  
garantista; es por ello, que la  
jurisprudencia constitucional  
reciente en Ecuador ha  
sociedad  
democrática  
y
acompañada  
de  
mecanismos  
institucionales que fortalezcan la  
potestad coercitiva del juez, lo que  
ha resultado en un patrón de  
incumplimiento parcial, tardío o  
incluso total por parte de las  
autoridades responsables.  
desempeñado un papel clave en la  
consolidación del poder coercitivo de  
los jueces para garantizar la  
ejecución de las sentencias de  
acción de protección. Las sentencias  
emitidas por la Corte Constitucional  
entre 2020 y 2024 demuestran un  
giro progresivo hacia la efectividad  
real de las decisiones judiciales, al  
reconocer la necesidad de fortalecer  
las potestades judiciales frente al  
incumplimiento sistemático por parte  
de entidades públicas y privadas.  
No obstante, siendo que la Corte  
Constitucional del Ecuador ejerce un  
rol protagónico en la garantía y  
desarrollo  
de  
los  
derechos  
constitucionales. Su jurisprudencia  
tiene efecto vinculante, orientando la  
actuación de jueces y autoridades,  
asegurando  
la  
supremacía  
constitucional. Como sostiene López  
1
818  
Santana-Alay et al. (2025)  
Todo esto conlleva a que las  
sentencias emitidas hayan dado  
como resultado un cuerpo doctrinario  
vinculante que transforma la visión  
de la ejecución de sentencias de  
acción de protección en Ecuador. La  
figura del juez constitucional, más  
allá de su labor como árbitro, se  
establece como un ente activo y  
coercitivo, gozoso de facultades para  
aplicar medidas de ejecución  
forzosa, remitir casos a fiscalía,  
imponer sanciones disciplinarias y  
ordenar acciones inmediatas de  
cumplimiento.  
uniformes y eficaces a la hora de  
ejecutar dictámenes.  
La  
ejecución  
de  
sentencias  
constitucionales, particularmente en  
acciones de protección, es incapaz  
de salirse del marco normativo que  
establece los límites y facultades del  
juez. En el caso ecuatoriano los  
mecanismos coercitivos efectivos  
con los que cuenta el juez  
constitucional para garantizar el  
cumplimiento de sus fallos resultan  
endebles. Esta carencia normativa  
limita la eficacia de la justicia  
constitucional y evidencia la urgencia  
de reformas legales que respalden el  
principio de eficacia y supremacía  
constitucional.  
Esta evolución en el ámbito  
jurisprudencial refuerza al juzgador  
como alguien que garantiza no  
únicamente el cumplimiento legal,  
sino también de la efectividad  
En opinión de Martínez (2021): “la  
falta de herramientas legales  
precisas para la ejecución coercitiva  
tangible  
fundamentales. Dicho de otro modo,  
la jurisprudencia constitucional  
de  
los  
derechos  
de  
las  
decisiones  
judiciales  
constituye uno de los factores más  
críticos en la ineficacia de la justicia  
constitucional latinoamericana” (p.  
ecuatoriana se ha encaminado hacia  
una filosofía bajo la cual las  
sentencias no únicamente se limitan  
a la declaración de derechos, sino  
que además condicionan el que se  
dé cumplimiento a su restitución.  
Haría falta que estos precedentes  
den paso a reformas que doten al  
juez de herramientas más claras,  
1
34).  
Este autor propone la  
incorporación de normas claras  
sobre el uso de medidas de apremio,  
sanciones disciplinarias,  
y
la  
posibilidad de acciones penales  
contra autoridades que incumplen  
fallos constitucionales.  
1
819  
Revista Científica Multidisciplinaria Arbitrada YACHASUN. Volumen 9, Número 16 (Ed. ene – jun. 2025) ISSN: 2697-3456  
Análisis de la ejecución de las sentencias de acción de protección y las potestades coercitivas de los jueces.  
En efecto, la LOGJCC no contempla  
con detalle estos mecanismos,  
dejando al arbitrio del juez muchas  
de sus decisiones en la fase de  
ejecución. Bajo este mismo contexto  
esta falta de codificación no solo  
debilita la autoridad del juez, sino  
que puede incentivar la impunidad  
institucional frente al desacato,  
comprometiendo así la credibilidad  
del sistema judicial y el principio de  
tutela judicial efectiva.  
limitarse  
únicamente  
aspectos  
netamente procedimentales, sino  
enfocarse en que el rol activo y  
garantista del juez constitucional sea  
reforzado apropiadamente, haciendo  
especial énfasis en lo que implica la  
vulneración estructural de derechos.  
Trayendo a colación la perspectiva  
de Rodríguez y Cruz (2024), al haber  
analizado el contexto colombiano,  
son capaces de argumentar que el  
éxito de las sentencias estructurales  
como las tutelas que garantizan el  
cumplimiento idóneo de los derechos  
depende tanto del diseño normativo  
como de la acción judicial posterior.  
En su estudio, afirman que “la  
eficacia de una sentencia de  
protección se multiplica cuando  
existe un cuerpo normativo que  
habilita expresamente al juez a  
coordinar con otras instituciones,  
monitorear la ejecución e imponer  
consecuencias jurídicas ante el  
incumplimiento” (p. 103).  
Asimismo, Benavides y Lozano  
(
2023)  
consolidación de una justicia  
constitucional eficaz requiere  
subrayan  
que  
la  
también de una formación judicial  
especializada. Los autores sostienen  
que “el desconocimiento técnico por  
parte de algunos jueces sobre la  
naturaleza garantías  
de  
las  
constitucionales y sus mecanismos  
de  
ejecución  
produce  
muchas  
fallos  
ineficientes  
y
veces  
inejecutables” (p. 89).  
Por ello, proponen la creación de  
módulos permanentes de formación  
constitucional en la Escuela de la  
Función Judicial, esto con énfasis en  
ejecución forzosa, control de  
Este enfoque, está centrado en la  
acción judicial interinstitucional,  
representa una alternativa viable  
para el contexto ecuatoriano. La  
adopción de mecanismos de  
convencionalidad  
y
reparación  
cumplimiento  
coordinación  
monitoreo  
progresivo,  
integral. Dicho de otro modo, La  
formación judicial no debe de  
institucional  
y
judicial  
constante  
1
820  
Santana-Alay et al. (2025)  
fortalecería el papel del juez como  
garante activo del cumplimiento  
judicial en el ámbito constitucional no  
solo mejora la calidad de las  
resoluciones, sino que empodera al  
juez para ejercer con firmeza sus  
facultades coercitivas ante el  
incumplimiento estatal.  
constitucional,  
rompiendo  
la  
pasividad muchas veces impuesta  
por limitaciones estructurales y  
normativas. Siendo así, es imperante  
que existan reformas en cuanto al  
apartado legal de acuerdo al análisis  
normativo, con especial énfasis en la  
Habiendo tenido eso en cuenta,  
valdría aclarar que, en la dimensión  
operativa, las resoluciones judiciales  
continúan dependiendo en gran  
medida de factores externos como la  
presión mediática, la voluntad  
política o la acción administrativa  
Ley  
Orgánica  
de  
y
Garantías  
Control  
Jurisdiccionales  
Constitucional (LOGJCC), esto en  
virtud de reforzar los mecanismos de  
ejecución.  
voluntaria.  
Esto  
refleja  
una  
De acuerdo a lo dicho por Zambrano  
desconexión entre la función  
restauradora que pretende la justicia  
constitucional y las herramientas con  
las que cuenta el juzgador para  
hacerla efectiva. La falta de un  
marco normativo que habilite  
sanciones directas o medidas de  
ejecución forzosa limita gravemente  
(2023), es imperante establecer  
disposiciones específicas que doten  
al juez constitucional de la facultad  
de tomar acciones inmediatas, tales  
como multas, arresto administrativo  
y apoyo de la Policía Nacional. De  
igual forma, la formación judicial  
especializada  
en  
garantías  
la  
tutela  
judicial  
efectiva,  
constitucionales debe constituirse en  
una prioridad institucional. La Corte  
Constitucional, en la sentencia 1861-  
evidenciando la necesidad urgente  
de reformas que fortalezcan el rol del  
juez constitucional como garante no  
1
7-EP/23, destacó que: "la eficacia  
solo  
de  
pronunciamientos  
de la acción de protección está  
estrechamente relacionada con la  
capacidad técnica y la sensibilidad  
declarativos, sino de decisiones  
verdaderamente vinculantes.  
En este sentido, el poder coercitivo  
del juez se presenta limitado por el  
diseño procesal adversarial-oral y  
por la carencia de mecanismos  
constitucional  
Montaño & Torres, 2024). La  
profesionalización del operador  
del  
juzgador"  
(
1
821  
Revista Científica Multidisciplinaria Arbitrada YACHASUN. Volumen 9, Número 16 (Ed. ene – jun. 2025) ISSN: 2697-3456  
Análisis de la ejecución de las sentencias de acción de protección y las potestades coercitivas de los jueces.  
operativos claros que permitan exigir  
el cumplimiento inmediato de las  
sentencias. Como indica Pérez  
justicia transformadora planteado  
por Rodrigo Uprimny (2021), quien  
sostiene que las sentencias deben  
generar cambios estructurales y no  
(2023), “la efectividad de las  
decisiones constitucionales no solo  
radica en su contenido, sino en la  
capacidad institucional para imponer  
su cumplimiento” (p. 104).  
ser  
meras  
compensaciones  
simbólicas. Sin embargo, en la  
práctica ecuatoriana, la ejecución  
judicial no alcanza dicho estándar,  
dado que el sistema no provee  
mecanismos jurídicos suficientes  
Conjuntamente,  
los  
resultados  
extraídos del análisis jurisprudencial  
evidencian una tendencia clara hacia  
el fortalecimiento conceptual de la  
protección de derechos, lo cual es  
coherente con un modelo de justicia  
para  
forzar  
el  
cumplimiento,  
generando una brecha entre lo  
prescrito y lo real.  
constitucional  
progresiva.  
Sin  
4. Conclusiones  
embargo, se revela en una notoria  
falta de balance entre el discurso  
garantista y la ejecución efectiva de  
las decisiones, lo que compromete el  
Tomando de base el análisis  
establecido, las sentencias de  
acciones de protección en Ecuador,  
pese a que se establecen como  
esenciales dentro del sistema de  
garantías jurisdiccionales, existen  
obstáculos importantes en su  
principio  
de  
supremacía  
Esta situación  
constitucional.  
reafirma que, sin instrumentos de  
cumplimiento, la declaratoria judicial  
aplicación  
práctica.  
Estas  
carece  
de  
operatividad  
los fallos  
real,  
en  
decisiones, diseñadas para ofrecer  
una respuesta inmediata y eficaz  
frente a la vulneración de derechos  
fundamentales, se ven debilitadas  
transformando  
manifestaciones simbólicas más que  
en actos eficaces de justicia.  
Desde una perspectiva teórica, las  
doctrinas formuladas por la Corte  
por limitaciones normativas  
y
operativas que entorpecen su  
cumplimiento. Es así que, las  
herramientas coercitivas con las que  
cuentan los jueces constitucionales  
para hacer cumplir sus fallos son  
coinciden postulados  
contemporáneos de la justicia  
constitucional latinoamericana,  
especialmente con el enfoque de  
con  
1
822  
Santana-Alay et al. (2025)  
insuficientes. Esta situación afecta  
no solo la efectividad de la garantía,  
sino también la confianza en el  
ejecución, que combine elementos  
del sistema adversarial con aspectos  
inquisitivos, podría representar una  
alternativa viable para resolver la  
rigidez procesal que impide una  
tutela jurisdiccional efectiva. Tal  
enfoque permitiría al juez actuar con  
sistema constitucional como  
mecanismo real de protección.  
Las sentencias de la Corte  
Constitucional analizadas reflejan un  
notable avance en el reconocimiento  
del carácter reparador, restitutivo e  
integral de la garantía. Sin embargo,  
se advierte que tal progresividad en  
el plano argumentativo no ha sido  
acompañada por un correlato  
estructural en materia de ejecución.  
La Corte, aunque ha delineado  
criterios de interpretación avanzada  
sobre derechos, no ha logrado  
consolidar un esquema institucional  
que asegure la ejecución efectiva de  
sus decisiones, lo que genera un  
riesgo de ineficacia estructural. La  
existencia de reformas al sistema  
procesal constitucional es idónea,  
especialmente en razón a las  
atribuciones del juez de garantías.  
Fortaleciendo su potestad coercitiva  
y dotándolo de mecanismos jurídicos  
eficaces para ejecutar sus fallos sin  
depender exclusivamente de la  
mayor  
flexibilidad,  
rapidez  
y
contundencia, sin comprometer las  
garantías del debido proceso. Así, el  
equilibrio entre los principios del  
sistema procesal  
superiores de  
y
los fines  
justicia  
la  
constitucional se torna no solo  
posible, sino necesario, para  
consolidar una administración de  
justicia centrada en la protección real  
y efectiva de los derechos humanos.  
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Finalmente, la implementación de un  
modelo mixto en la fase de  
1
823  
Revista Científica Multidisciplinaria Arbitrada YACHASUN. Volumen 9, Número 16 (Ed. ene – jun. 2025) ISSN: 2697-3456  
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